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Jueves 14 de Junio de 2018

Enfoques

Gustavo Weiss, Presidente de la Cámara de la Construcción. “Con el PPP no se reemplaza el recorte en la obra pública” - pág. 6 Ámbito

El dirigente dijo que sólo este año se ejecutarán $30.000 millones de lo previsto originalmente y que se desconoce la magnitud del ajuste en 2019.

El presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), Gustavo Weiss, aseguró que el Gobierno no va a poder reemplazar el recorte de la obra pública que negoció con el Fondo Monetario Internacional (FMI) con el programa de Participación Público Privada (PPP). Explicó que el PPP se usa de manera "complementaria" a la obra pública. También indicó que la devaluación y las altas tasas de interés afectarán a los contratos de la obra en marcha, y dijo que el Gobierno todavía no sabe cuál va a ser la magnitud del ajuste para 2019.

El que sigue es el diálogo que mantuvo con este diario:

Periodista: ¿Cómo evalúa los anuncios de recorte de obra pública con motivo del acuerdo alcanzado con el FMI?

Gustavo Weiss: Hemos tenido reuniones con el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, y con el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne. ¿Cuál es la situación? Respecto del Presupuesto 2018, nos han dicho con todas las palabras que hay un recorte de $30.000 millones en la obra pública nacional, que es de estado público. Eso representa, sobre un presupuesto de $210.000 millones al año, algo así como el 15%. Eso ya está. Este año se va a ejecutar $30.000 millones menos de obra pública, que es un golpe importante.

P.: ¿Y para el año 2019?

G.W.: El problema que realmente vemos nosotros es el Presupuesto 2019. El Gobierno quiere bajar de 2,7% del PBI de déficit a 1,3%, es decir, 1,4 puntos. Si tenemos en cuenta que cada punto de producto son unos $130.000 millones, 1,4 puntos serían unos $180.000 millones, que es la misma cifra de lo presupuestado este año para obra pública si le descontamos los $30.000 millones que ya anunciaron.

P.: ¿Ustedes creen que todo el ajuste va a pasar por la obra pública?

G.W.: No, no, no. Lo que quiero señalar es la magnitud del recorte en el gasto que el Gobierno quiere hacer. Este es un dato del problema. El Gobierno dice que quiere sentarse a discutir con los gobernadores y con el Congreso para ver dónde ajustamos este gasto. Dicen que hay mucho para cortar en gasto corriente ineficiente. Como ejemplo, se mencionan las jubilaciones por incapacidad. Sabemos que una cantidad importante de esas jubilaciones son truchas. Hay más, pero ese es un ejemplo de lo que hay por cortar en gasto corriente.

P.: ¿Piensan que de ahí saldrá todo el recorte?

G.W.: En el Gobierno dicen que lo que no se pueda consensuar de recorte de gasto corriente, que necesariamente tiene que ser entre nosotros y la oposición, va a tener que ser a costa de obra pública, porque es el rubro donde se puede ajustar sin necesidad de acordar con la oposición. Finalmente, cuánto van a cortar de obra pública no lo sabemos, y creemos que ni el Gobierno lo sabe.

P.: Entonces, ¿de dónde saldrá el recorte?

G.W.: Sinceramente, yo no creo que se pueda llegar a un consenso con la oposición para hacer un ajuste de gasto corriente de esa magnitud. Así que seguramente, una parte, importante, va a ser de obra pública, que es nuestra gran preocupación.

P.: ¿Usted supone que con el programa de Participación Público Privada se puede reemplazar la obra pública como dice el Gobierno?

G.W.: No. Los programas de PPP en el mundo son complementarios de los programas normales de obra pública. Esta modalidad es un invento inglés de hace mucho tiempo que han copiado otros países pero que viene a complementar la obra pública en aquellos proyectos importantes que atraigan el interés del sector privado.

P.: ¿Por qué no se puede reemplazar a la obra pública con PPP?

G.W.: Uno conoce las grandes obras, una gran ruta, una central nuclear. Pero hay infinidad de obras chicas, que sumadas en todo el país representan mucho que no se pueden hacer por PPP. Las chicas no dan para ello. Si uno recorre la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, uno puede ver infinidad de obras de veredas, de parques, de aguas y cloacas, que no se pueden hacer así.

P.: ¿Por qué? ¿No es rentable?

G.W.: Como concepto teórico fundamental para el PPP, deben ser obras que despierten el interés del sector privado que tengan rentabilidad. El caso típico es el de los accesos a la Ciudad de Buenos Aires. Un privado viene, pone el dinero, y luego se recobra con los peajes.

P.: ¿Y las provincias tienen presupuesto para hacer estas obras chicas que no estarían en el PPP?

G.W.: En la obra pública provincial hay dos factores. Por un lado, las transferencias del Estado nacional, que esas también van a sufrir la misma problemática de la obra pública nacional porque son fondos nacionales. Hay algunas jurisdicciones, como la ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe que están haciendo obra con fondos propios, porque los tienen. Esas seguirán en mayor o menor medida. Seamos optimistas y pensemos que van a seguir en 2019. El resto de las provincias más pobres no tienen dinero para hacer obra pública y por eso dependen de la Nación. Van a correr la misma suerte.

P: Es de suponer que toda esta convulsión económica desde fines de abril para acá afecta a la construcción ...

GW: Ahí tenemos dos problemas: Desde el punto de vista financiero estas tasas de interés son inviables. Tenemos necesidades financieras como cualquier actividad. Hacemos una obra hoy y las cobramos a 90, 180 días. Mientras tanto hay que financiarse, y con este nivel de tasas es inviable. Ese no es un problema de nuestro sector solamente. Pero por otro lado, si bien la devaluación no nos afecta directamente, la realidad es que los insumos tienden a seguir el nivel de inflación general de la economía. Y si esta devaluación repercute en la inflación, como se está diciendo, en el orden del 27% anual, ese es incremento del costo, que si bien en el caso de la obra pública tenemos una fórmula acordada para ajustar, no contempla la realidad.

P.: En el caso de la obra pública ¿eso se tiene que volver a negociar?

G.W.: Los contratos tienen una fórmula de ajuste de precios, porque nuestra actividad es una de las pocas en las que uno fija el precio ahora y entregamos el producto dentro de tres años. No es como un fabricante de bulones que si aumenta los costos sube el precio inmediatamente. Es evidente que en una economía inflacionaria si no hubiera fórmula de ajuste de precios, sería inviable. La fórmula con bajas inflaciones funciona bien, con altas inflaciones no funciona bien, se quedan cortas. Hay un deterioro de los contratos importante.

P.: ¿Y en el caso de la obra privada también afectan la inflación y las tasas?

G.W.: Ahí hay varias situaciones. Está el caso de la persona que pidió un crédito en UVA en pesos para un hipotecario, y como las propiedades se valúan en dólares, no le alcanza para comprar. Este es un problema del mercado inmobiliario. En tanto el mercado privado de viviendas seguirá. Los inversores que compran en el pozo deberán ajustar las cuotas de acuerdo con el índice que fija la Cámara de la Construcción. Y tendrán que hacer frente a los mayores costos en la medida en que sigan con la obra.

P.: ¿Y cómo ven que va a seguir la obra privada?

G.W.: La que está va a seguir, y los que estén por comenzar probablemente esperen un poco, pero creo que la industria privada no debería sufrir fuertemente este remezón. La parte que está vinculada al Estado es la que va a mostrar mayores problemas.

P.: Obviamente, que si se pierden obras se van a perder puestos de trabajo...

G.W.: Hay 431.000 empleados registrados, según la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA). En la actividad privada y en la obra pública. Parecería inevitable que la parte publica va a sufrir algún remezón, pero tenemos que tener más claro la magnitud del recorte.

P.: Cambiando de tema, ¿qué opina la Cámara sobre la figura del "arrepentido" en la Ley de Defensa de la Competencia?

G.W.: En realidad, la ley no está dirigida a nosotros, pero nos alcanza. Estamos totalmente de acuerdo. Hemos defendido todas las leyes anticorrupción, que tiendan a evitar la cartelización. Estamos de acuerdo con todas las medidas que se están tomando. Apoyamos la Ley de Responsabilidad Penal Empresaria. El país tiene que ir hacia un índice de corrupción nulo o mínimo, como ocurre en los países civilizados.

Entrevista de Carlos Lamiral

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