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Jueves 12 de Julio de 2018

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Argentina apela el fallo por YPF y pedirá que se investigue si hubo coimas. El Procurador General del Tesoro prepara el dictamen, mientras Carrió pedirá un “proceso Discovery” Clarín

- La polémica reestatización de la petrolera en 2012

Por Daniel Santoro / Pág. 8

El procurador del Tesoro ya prepara la apelación contra el fallo que estableció la jurisdicción de EE.UU. en un reclamo por US$ 3.000 millones de un fon- do buitre. Y la diputada Carrió le planteará al Gobierno que se investigue si hubo coimas de funcionarios K en la operación de venta del 25% de la com- pañía a la empresa estadounidense que hizo el juicio en Nueva York. El Gobierno le apunta a la responsabilidad de Cristina y del ex ministro Kicillof.

El Gobierno apelará el fallo de un tribunal de EE.UU que ratificó la jurisdicción de la justicia norteamericana para resolver una demanda del fondo buitre Burford por no menos 3 mil millones de dólares por las acciones que el Grupo Petersen tenía en YPF-Repsol. El Procurador General de la Nación, Bernardo Saravia, como representante del estado argentino en el juicio en Nueva York, y otras autoridades de la Nación, definen la estrategia a seguir.

Una medida es apelar directamente a la Corte Suprema de EE.UU. y la otra es pedir una revisión del fallo de ayer por parte de un plenario de los jueces de la cámara de apelaciones, algo que está permitido en las normas procesales norteamericanas, y no solo de una sala de ese tribunal. Mientras tanto, Saravia analiza pedir el llamado proceso Discovery a la juez de instrucción Loretta Preska, quien debe decidir la cuestión de fondo: si se violó el estatuto de YPF cuando se reestatizó la petrolera. Este proceso tendrá enormes repercusiones políticas. La idea del oficialismo es que si la operación fue irregular, el fondo buitre no tendría derechos para continuar son su demanda.

Saravia ya comenzó a redactar ideas para la apelación que girarán sobre el hecho de que los miembros del tribunal de Nueva York "interpretaron la Constitución Argentina e incurrieron en varias contradicciones".

Paralelamente, la diputada de Cambiemos, Elisa Carrió, reclamará al Gobierno que directamente solicite a la Justicia de EE.UU. el inicio del Discovery para investigar cómo fue la ruta del dinero para que el Grupo Petersen comprara el 25 por ciento de las acciones de YPF-Repsol durante el gobierno de Néstor Kirchner y luego, en el 2012 tras la polémica rees- tatización de la petrolera por parte de Cristina Kirchner, se vendieran esas acciones al fondo buitre Burford. Carrió dijo que quiere saber "si en todo este proceso" se pagaron supuestas coimas a ex funcionarios K.

Por otra parte, una alta fuente del Gobierno dijo a Clarín “si fallamos con las vías procesales que quedan para apelar la decisión” de la cámara de apelaciones de Nueva York en la Corte Suprema de Justicia de EE.UU., o al plenario de la cámara de apelaciones se pondrán en marcha un abanico depruebas.

“En el juicio ordinario vamos a hacer nuestros mejores esfuerzos para que la Argentina no pierda. Eso incluye, desde luego, las herramientas procesales como el Discovery y lo que políticamente implica”, dijo la alta fuente a este diario. El llamado proceso Discovery ya fue usado por el fondo buitre Elliot para buscar cuentas bancarias y bienes de Lázaro Báez en Estados Unidos. La fuente señaló que el Discovery “también alimentará la causa abierta por Carrió ante el juez Lijo”.

Además, Carrió solicitará al juez Lijo que acepte a la Unidad de Información Financiera (UIF), que dirige Mariano Federici, como querellante en la causa por “el vaciamiento de YPF”, entre otras medidas de prueba y realice una “trazabilidad” de las operaciones financieras detrás de la operación. Carrió hizo la primera denuncia para investigar el ingreso del Grupo Petersen a YPF-Repsol en el 2008 ante el juez federal Ariel Lijo, quien la delegó en el fiscal que la archivó. Por una ampliación, unos años más tarde Lijo reabrió la causa y pidió un peritaje dividido en cuestiones petroleras, financieras y legales y ahora espera sus primeros resultados para decidir cómo enfocar su investigación.

Sin embargo, Carrió y su diputada Paula Oliveto fueron ampliando la denuncia contra la ex presidente Cristina Kirchner, los ex ministros de Planificación, Julio De Vido, de Economía Axel Kicillof y sobre todo del ex secretario de Coordinación de De Vido, Roberto Baratta, entre otros.

En un comunicado, el Grupo Petersen aclaró que las acciones de PEISA a Burford las vendió el síndico de la quiebra en España, que no tienen ningún interés en el juicio que se realiza en EE.UU. y que su entrada a YPF en el 2005 fue financiada por un club de bancos en forma transparente y legal.

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